Todos los días, en referencia a noticias como el procesamiento de miembros de la ETA o la parálisis de la Ley de Memoria histórica, escuchamos la siguiente frase entre la gente de a pie: «¡La culpa es de Zapatero!». Se trata de una expresión casi tan usada como aquella célebre de «Todos los políticos son iguales», y precisamente ese uso excesivo es el que ha hecho que ya no nos paremos a pensar en la realidad de dicha frase. Porque culpar a Zapatero de asuntos que tienen que ver directamente con los jueces implica algo mucho más serio que la simple oposición partidista; implica la insinuación de que en nuestro país no existe una separación entre poder ejecutivo y judicial, tal como obliga el Estado de derecho.
La realidad, sin embargo, es que como telón de fondo de esta terrible afirmación encontramos la clásica lucha de partidos o, mejor dicho, la obsesión del Partido Popular por desacreditar al gobierno de Zapatero a cualquier precio, incluso poniendo en duda la propia estructura de nuestro país. Así, no nos impresionan todo lo que debieran hacerlo las últimas declaraciones de la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que asegura que el Gobierno está haciendo uso de la Policía para llevar a cabo unas escuchas ilegales a miembros del PP. A pesar de no disponer de pruebas que confirmen tal acusación, De Cospedal llega incluso a hablar de España como un país corrupto en su sistema judicial, poniéndolo a la altura de la dictadura franquista, algo que resulta del todo inadmisible. ¿Cuál es la reacción que provoca en la sociedad? En unos casos, indignación. En otros, hilaridad –reír por no llorar, como se suele decir-; pero también existen las personas que no están lo suficientemente informadas y acaban creyéndoselo. Y así, nos encontramos con un estado de confusión general respecto al funcionamiento de nuestro país, consecuencia en gran parte de los discursos de algunos políticos.
Por desgracia, tales discursos abundan en la actualidad. Desplacémonos, por ejemplo, a Valencia, donde el asunto de la trama Gürtell sigue dando de qué hablar. Después de poner en marcha una investigación al salir a la luz unas financiaciones que el Partido Popular recibía de un grupo de empresas –investigación que, curiosamente, impulsaron miembros del propio partido-, el PP habla de un acoso y derribo hacia ellos por parte del Gobierno; inmiscuyendo a éste en un asunto que no forma parte de su competencia, puesto que es el sistema judicial el encargado de juzgar las tramas de corrupción de este calibre, como ya se hizo en nuestro país durante la presidencia de Felipe González, cuando fueron descubiertas financiaciones ilegales al Partido Socialista. Pero el PP es capaz de dar un giro a las situaciones en las que ellos mismos salen perdiendo para tratar de volverlas en contra del Gobierno. No les importa atacar a la dignidad de nuestro Estado de derecho con tal de vencer a Zapatero en las urnas. Es, de nuevo, aquella filosofía maquiavélica en la que el fin justifica los medios.
Sintetizando; podríamos decir que tales declaraciones y acusaciones no hacen daño al Estado de derecho en sí mismo, pero sí a la confianza que la sociedad deposita en él, y esta es casi tan importante como el buen funcionamiento del sistema. Realmente, ¿merece la pena alimentar la confusión general con fines meramente electorales? La oposición debería hacer alarde de una mayor profesionalidad y encontrar argumentos más creativos –y lícitos- para criticar al Gobierno, argumentos que no dañen el tejido social de nuestro país y sean, a ser posible, más constructivos. Pero mientras esto no ocurra, el arma más poderosa que tenemos es la información: necesitamos estar informados para no dejarnos llevar por la falsedad de algunas afirmaciones; comprender que el Estado español posee un sistema complejo en el que lo ejecutivo y lo judicial son entes independientes, y, dejando aparte el hecho de que estemos o no de acuerdo con la forma de gobernar de nuestro Presidente, no desentendernos echando la culpa a Zapatero de todo lo que ocurra, puesto que la política solo es una parte más en nuestro modelo de estado, y en muchas ocasiones no tiene la última palabra.
La realidad, sin embargo, es que como telón de fondo de esta terrible afirmación encontramos la clásica lucha de partidos o, mejor dicho, la obsesión del Partido Popular por desacreditar al gobierno de Zapatero a cualquier precio, incluso poniendo en duda la propia estructura de nuestro país. Así, no nos impresionan todo lo que debieran hacerlo las últimas declaraciones de la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que asegura que el Gobierno está haciendo uso de la Policía para llevar a cabo unas escuchas ilegales a miembros del PP. A pesar de no disponer de pruebas que confirmen tal acusación, De Cospedal llega incluso a hablar de España como un país corrupto en su sistema judicial, poniéndolo a la altura de la dictadura franquista, algo que resulta del todo inadmisible. ¿Cuál es la reacción que provoca en la sociedad? En unos casos, indignación. En otros, hilaridad –reír por no llorar, como se suele decir-; pero también existen las personas que no están lo suficientemente informadas y acaban creyéndoselo. Y así, nos encontramos con un estado de confusión general respecto al funcionamiento de nuestro país, consecuencia en gran parte de los discursos de algunos políticos.
Por desgracia, tales discursos abundan en la actualidad. Desplacémonos, por ejemplo, a Valencia, donde el asunto de la trama Gürtell sigue dando de qué hablar. Después de poner en marcha una investigación al salir a la luz unas financiaciones que el Partido Popular recibía de un grupo de empresas –investigación que, curiosamente, impulsaron miembros del propio partido-, el PP habla de un acoso y derribo hacia ellos por parte del Gobierno; inmiscuyendo a éste en un asunto que no forma parte de su competencia, puesto que es el sistema judicial el encargado de juzgar las tramas de corrupción de este calibre, como ya se hizo en nuestro país durante la presidencia de Felipe González, cuando fueron descubiertas financiaciones ilegales al Partido Socialista. Pero el PP es capaz de dar un giro a las situaciones en las que ellos mismos salen perdiendo para tratar de volverlas en contra del Gobierno. No les importa atacar a la dignidad de nuestro Estado de derecho con tal de vencer a Zapatero en las urnas. Es, de nuevo, aquella filosofía maquiavélica en la que el fin justifica los medios.
Sintetizando; podríamos decir que tales declaraciones y acusaciones no hacen daño al Estado de derecho en sí mismo, pero sí a la confianza que la sociedad deposita en él, y esta es casi tan importante como el buen funcionamiento del sistema. Realmente, ¿merece la pena alimentar la confusión general con fines meramente electorales? La oposición debería hacer alarde de una mayor profesionalidad y encontrar argumentos más creativos –y lícitos- para criticar al Gobierno, argumentos que no dañen el tejido social de nuestro país y sean, a ser posible, más constructivos. Pero mientras esto no ocurra, el arma más poderosa que tenemos es la información: necesitamos estar informados para no dejarnos llevar por la falsedad de algunas afirmaciones; comprender que el Estado español posee un sistema complejo en el que lo ejecutivo y lo judicial son entes independientes, y, dejando aparte el hecho de que estemos o no de acuerdo con la forma de gobernar de nuestro Presidente, no desentendernos echando la culpa a Zapatero de todo lo que ocurra, puesto que la política solo es una parte más en nuestro modelo de estado, y en muchas ocasiones no tiene la última palabra.
