Con la Iglesia hemos topado

De nuevo, se repite el mismo esquema al que ya estamos acostumbrados en España cada vez que se aprueba una ley que apueste por la modernidad, por el progreso y por la construcción de una sociedad más abierta y libre. Porque progreso e Iglesia parecen dos conceptos incompatibles, tal como la actualidad se esfuerza en demostrarnos. La reforma de la ley del aborto, los matrimonios homosexuales; son algunos ejemplos de la intromisión de las instituciones eclesiásticas en asuntos ajenos a ellas. En este caso, la polémica pasa al terreno educativo, un tema especialmente molesto para la Iglesia, que tradicionalmente ha considerado ese ámbito de su propiedad. Y la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía supone para ella un auténtico asalto a su orgullo.

Últimamente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que no permite ejercer la objeción de conciencia para la asignatura, unificando las distintas decisiones de los tribunales superiores de determinadas comunidades autónomas en las cuales una serie de personas así lo había exigido. Estas personas no pedían que se eliminara la asignatura, sino concretamente que sus hijos no se vieran obligados a cursarla, por considerar que podía dañar gravemente su conciencia. Si atendemos a los temas que recoge la materia, no podemos evitar preguntarnos qué puede haberles llevado a tacharla de aberrante y de ataque directo a sus principios morales. Educación para la ciudadanía está formada por tres bloques para la Educación Primaria –Individuos y relaciones interpersonales y sociales, La vida en comunidad y Vivir en sociedad- y cinco para Educación Secundaria –Aproximación respetuosa a la diversidad, Relaciones interpersonales y participación, Deberes y derechos ciudadanos, Las sociedades democráticas del s.XXI y Ciudadanía en un mundo global. Tal como vemos, se trata de temas orientados a que los alumnos conozcan mejor su propia sociedad y profundicen en la concepción de democracia que en ella se desarrolla. Aparentemente, ningún ataque directo a la conciencia. Sin embargo, si entramos más a fondo en la materia descubrimos algunos puntos que contradicen a la moral católica más conservadora, como la definición que se da del concepto de familia, que no se refiere solo al concepto tradicional -padre, madre e hijos-, sino que también acoge a las parejas homosexuales, con hijos adoptados…

Pero… ¿quién está detrás de todo esto? No cabe duda de que las autoridades eclesiásticas tratan en todo momento de echar más leña al fuego, como se suele decir, con un duro discurso en el que acusan al gobierno de Zapatero de ejercer un totalitarismo por medio de la asignatura, y consideran “héroes” a los profesores que pueden seguir enseñando Religión católica en los centros educativos; como si Educación para la ciudadanía fuera una especie de cruzada contra el catolicismo.

Lo primero que debería plantearse la gente es que la nueva asignatura es paralela a la de Religión: no va en contra ni a favor. En ella se enseñan ciertos conceptos que contradicen la moral católica, ciertamente; pero esto no resulta algo novedoso. Si siguiéramos la línea argumental de los padres que se oponen a Educación para la ciudadanía, también tendríamos que darles opción de no cursar Biología, o Historia; porque, ¿no dañaría igual a la conciencia católica aceptar la teoría del Big-bang o la teoría darwinista del origen de las especies que asumir que puedan existir los matrimonios homosexuales? Por mucho que les cueste aceptarlo, la educación no puede quedarse en una mera interpretación de los textos bíblicos, porque eso contradice la idea de progreso y de cultura general. Si eso es lo que pretenden para sus hijos, lo único que les están proporcionando es ignorancia. Nadie puede elegir sus creencias si no conoce más que la religión.

Lo segundo que deberían tener en cuenta los obispos y la gente que considera amenazada la fe religiosa de sus hijos, es que ellos no son quiénes para acusar al Estado de adoctrinamiento, cuando la Historia nos ha demostrado la tremenda dictadura ideológica que ha ejercido la Iglesia durante siglos. Cabe preguntarse si no existirá aquí un cierto grado de rencor o de frustración al percatarse de que ya no son el centro neurálgico de la sociedad actual, y más al comprobar el intenso fervor con que tratan de influir en la opinión popular, sin dejar a la gente que decida por sí misma, entrando en un terreno que le es ajeno. Se ha llegado incluso a comparar Educación para la ciudadanía con una asignatura impartida durante el franquismo, Formación del espíritu nacional. No profundizaré en el carácter absurdo de este argumento, por resultar demasiado evidente; pero sí me gustaría señalar la ironía que supone el hecho de que, durante aquellos años de dictadura, la Iglesia no se quejó en ningún momento de dicha asignatura, a pesar de que, en este caso, sí se trataba de un claro adoctrinamiento.

Ante las posibilidades que abre la nueva materia, de formar ciudadanos que conozcan más su propio sistema democrático y que reconozcan la pluralidad de su sociedad, cuestiones como los principios del catolicismo deberían quedar relegadas a un segundo plano, al ámbito privado, tal como les corresponde. Aunque muchos se resistan a aceptarlo, nuestra sociedad viaja hacia el futuro; y no en sentido contrario, hacia la Edad Media. Y Educación para la ciudadanía no va en contra de la Constitución y sí a favor del progreso.

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Discípulos de Maquiavelo

Todos los días, en referencia a noticias como el procesamiento de miembros de la ETA o la parálisis de la Ley de Memoria histórica, escuchamos la siguiente frase entre la gente de a pie: «¡La culpa es de Zapatero!». Se trata de una expresión casi tan usada como aquella célebre de «Todos los políticos son iguales», y precisamente ese uso excesivo es el que ha hecho que ya no nos paremos a pensar en la realidad de dicha frase. Porque culpar a Zapatero de asuntos que tienen que ver directamente con los jueces implica algo mucho más serio que la simple oposición partidista; implica la insinuación de que en nuestro país no existe una separación entre poder ejecutivo y judicial, tal como obliga el Estado de derecho.

La realidad, sin embargo, es que como telón de fondo de esta terrible afirmación encontramos la clásica lucha de partidos o, mejor dicho, la obsesión del Partido Popular por desacreditar al gobierno de Zapatero a cualquier precio, incluso poniendo en duda la propia estructura de nuestro país. Así, no nos impresionan todo lo que debieran hacerlo las últimas declaraciones de la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que asegura que el Gobierno está haciendo uso de la Policía para llevar a cabo unas escuchas ilegales a miembros del PP. A pesar de no disponer de pruebas que confirmen tal acusación, De Cospedal llega incluso a hablar de España como un país corrupto en su sistema judicial, poniéndolo a la altura de la dictadura franquista, algo que resulta del todo inadmisible. ¿Cuál es la reacción que provoca en la sociedad? En unos casos, indignación. En otros, hilaridad –reír por no llorar, como se suele decir-; pero también existen las personas que no están lo suficientemente informadas y acaban creyéndoselo. Y así, nos encontramos con un estado de confusión general respecto al funcionamiento de nuestro país, consecuencia en gran parte de los discursos de algunos políticos.

Por desgracia, tales discursos abundan en la actualidad. Desplacémonos, por ejemplo, a Valencia, donde el asunto de la trama Gürtell sigue dando de qué hablar. Después de poner en marcha una investigación al salir a la luz unas financiaciones que el Partido Popular recibía de un grupo de empresas –investigación que, curiosamente, impulsaron miembros del propio partido-, el PP habla de un acoso y derribo hacia ellos por parte del Gobierno; inmiscuyendo a éste en un asunto que no forma parte de su competencia, puesto que es el sistema judicial el encargado de juzgar las tramas de corrupción de este calibre, como ya se hizo en nuestro país durante la presidencia de Felipe González, cuando fueron descubiertas financiaciones ilegales al Partido Socialista. Pero el PP es capaz de dar un giro a las situaciones en las que ellos mismos salen perdiendo para tratar de volverlas en contra del Gobierno. No les importa atacar a la dignidad de nuestro Estado de derecho con tal de vencer a Zapatero en las urnas. Es, de nuevo, aquella filosofía maquiavélica en la que el fin justifica los medios.

Sintetizando; podríamos decir que tales declaraciones y acusaciones no hacen daño al Estado de derecho en sí mismo, pero sí a la confianza que la sociedad deposita en él, y esta es casi tan importante como el buen funcionamiento del sistema. Realmente, ¿merece la pena alimentar la confusión general con fines meramente electorales? La oposición debería hacer alarde de una mayor profesionalidad y encontrar argumentos más creativos –y lícitos- para criticar al Gobierno, argumentos que no dañen el tejido social de nuestro país y sean, a ser posible, más constructivos. Pero mientras esto no ocurra, el arma más poderosa que tenemos es la información: necesitamos estar informados para no dejarnos llevar por la falsedad de algunas afirmaciones; comprender que el Estado español posee un sistema complejo en el que lo ejecutivo y lo judicial son entes independientes, y, dejando aparte el hecho de que estemos o no de acuerdo con la forma de gobernar de nuestro Presidente, no desentendernos echando la culpa a Zapatero de todo lo que ocurra, puesto que la política solo es una parte más en nuestro modelo de estado, y en muchas ocasiones no tiene la última palabra.

PALESTINA LIBRE

La Franja de Gaza es, desde hace hoy diecinueve días, el escenario de un genocidio sin precedentes, de una ofensiva militar totalmente indiscriminada y de un colosal atentado contra los derechos humanos y contra la dignidad, la libertad y la vida de las personas. Sin duda, uno de los peores capítulos de una de las guerras más antiguas y sangrientas de la historia.

La causa aparente del inicio de la ofensiva israelí fue el lanzamiento de cohetes kasam desde Gaza, de fabricación casera, que mataron a cuatro israelíes. El lanzamiento de estos cohetes es una práctica habitual por parte de los combatientes palestinos, lo que nos da una idea del potencial armamentístico de las milicias de la Franja. No obstante, detrás de este acontecimiento, que no es si no una excusa para justificar los ataques, se esconden los verdaderos intereses del conflicto: derrocar la hegemonía de Hamás en Gaza, la organización integrista que controla la región palestina. Los dirigentes de Hamás, abiertamente opuestos al Estado israelí, suponen una pequeña molestia para Olmert y su gobierno, y a la hora de bombardear e invadir el territorio de los palestinos y mostrar el poderío militar de Israel, cualquier excusa, por mínima que sea, es suficiente. Y no es que considere la muerte de cuatro personas un hecho poco relevante. Es solo que comparando ese número con el de combatientes palestinos que morían cada mes antes de que estallara esta ofensiva, resulta insignificante. Y digo antes de la ofensiva, porque comparar dicha cifra con el número de muertos palestinos en estos diecinueve días de ataques sobre Gaza me parece insultante.

Los muertos se cifran ya en más de mil, de los cuales más de cuatrocientos son niños. La mitad de las víctimas son civiles. Estos datos dicen mucho del respeto del gobierno israelí no ya por los derechos humanos en su conjunto, sino por el derecho más básico de todos: la vida de las personas inocentes, por no hablar de la dignidad de un pueblo que ha sido masacrado, robado y humillado desde la creación del Estado israelí.

Otra de las cuestiones más graves de este asunto es el apoyo a la ofensiva por parte de la opinión pública israelí y de la comunidad judía internacional. Que Olmert y su cuadrilla de asesinos digan que los ataques cesarán cuando ellos crean conveniente no es nada por lo que escandalizarse, pero sí lo es oír a un joven israelí con mujer e hijos decir que se lo merecían. Estamos ante el más absoluto desprecio e indiferencia por el sufrimiento del pueblo palestino, que ni siquiera puede recibir ayuda de otros países debido a las restricciones de las autoridades israelíes. Y el hecho de ver una manifestación multitudinaria en Londres a favor de Israel nos da una clara pista del camino que siguen la solidaridad y el respeto por los derechos humanos en el mundo.

Por todo esto, exigimos el inmediato cese de las matanzas israelíes en Gaza y, si no es así, la intervención activa de la comunidad internacional (un tanto ajena al asunto estos días) en la consecución de un alto el fuego duradero. Y aún vamos más allá: queremos justicia. Justicia para el pueblo palestino. Y eso significa detener el abuso israelí y juzgar a todos los cerebros y ejecutores de las masacres por crímenes de guerra, si bien es algo muy difícil teniendo en cuenta que el país más poderoso del mundo lleva años alimentando esa guerra en la sombra. Justicia y paz.

PALESTINA LIBRE.